El ordenamiento jurídico español no facilita  el acceso a una justicia “efectiva” para la defensa del medio ambiente. Así lo ha puesto de manifiesto la Decisión IV/9f de la Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus en la que se recomienda al Estado español que revise su legislación, especialmente en relación con las medidas cautelares, y así resulta de la experiencia habida por la abogada por Mª Ángeles López Lax  en el asunto Marina Isla Valdecañas que ha sido presentado como “caso estudio” en  sus alegaciones al borrador de Estudio sobre Acceso  la justicia en materia medioambiental, elaborado  por el Punto Focal Nacional del Convenio de Aarhus y sometido a información pública.

El Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus) fue ratificado por España en diciembre del 2004, entró en vigor en marzo de 2005. Posteriormente la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información , de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,  regula los tres pilares del Convenio. Con respecto al pilar de acceso a la justica, ambas regulaciones determinan que el procedimiento a seguir por infracción de estos derechos deberá ser eficaz, rápido y gratuito o poco oneroso.

El Convenio de Aarhus establece un mecanismo de cumplimiento que permite a cualquier persona presentar una comunicación ante un Comité independiente denunciando posibles vulneraciones del Convenio por parte de las autoridades públicas. En base a dicha facultad han sido presentadas comunicaciones por presuntos incumplimientos de España que han dado lugar a la Decisión IV/9f de la Reunión de las partes, en la que se invita a España, a examinar a fondo, con una participación adecuada del público, la legislación pertinente en relación al acceso a la justicia en materia medio ambiental, en particular en relación con las medidas cautelares, la concesión de la justicia gratuita a las ONGS ambientales y el papel de la doble representación (abogado y procurador).

Tras recabar la opinión de los agentes implicados,   el Punto Focal Nacional del Convenio de Aarhus elaboró un borrador de Estudio sobre Acceso a la Justicia en materia de medio ambiente que fue publicado y sometido a información pública.

La abogado Mª Ángeles López Lax ha formulado el 16 de noviembre de 2013 alegaciones a título individual, tomando como ejemplo la impugnación en diferentes instancias del Proyecto de Interés Regional Marina Isla Valdecañas, consistente en la urbanización y construcción de un macrocomplejo urbanístico en plena Zona de Especial Protección para las Aves del Embalse de Valdecañas en Cáceres. La aprobación de dicho complejo ha dado lugar la Asociación ADENEX, interpusiera cuatro contenciosos ante el TSJ de Extremadura, dos solicitudes medidas cautelares, una ejecución provisional de sentencia, dos recursos de casación, una queja ante la Comisión europea y una denuncia a la fiscalía de medio ambiente, además de las correspondientes solicitudes de justicia gratuita y su impugnación frente a la denegación. Nada de lo hasta hora hecho   ha impedido la construcción del complejo urbanístico, haciendo inejecutable la posible sentencia del Tribunal Supremo, que se espera sea confirmatoria, en fechas muy próximas.

El caso de Marina Isla de Valdecañas no es un caso único ni extraordinario, pues todas sus resoluciones se han basado en la legislación vigente y en la interpretación que de ella hacen los tribunales, revelándose como ineficaces a los efectos de la pretendida protección ambiental, pues el problema no es solo poder acceder a la justicia, ni obtener sentencias favorables, sino ejecutarlas y que sirvan de algo.

Dejamos anexado un estracto del informe de valoración y un resumen del caso estudio de Marina Isla Valdecañas en el que se basan las alegaciones.

P.D. Existe un error en el resumen del caso estudio de Marina Isla Valdecañas, al cuando dice que son 24 ha. de suelo protegido las que se ha destruido, cuando debería decir 134 ha.

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Vea nuestra Política de Privacidad.

Al utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de las cookies.