La reciente ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido ignora el derecho a la participación establecido en la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación del ruido ambiental, la cual transpone cicateramente y reduce al mínimo el acceso a la información.

En el análisis que efectuamos de la Directiva 2002/49/CE en nuestro anterior artículo sobre el “Derecho a conocer la calidad acústica de nuestro entorno” (Acima Informa nº 1) hicimos especial hincapié en la obligación que se establecía para las Administraciones públicas de disponer de datos sobre la calidad acústica del entorno y la de darlos a conocer al público.

En el examen que ahora hacemos de su transposición vamos a fijarnos especialmente en el derecho a la participación reconocido en la expresada Directiva y regulado mas ampliamente en la Directiva 2003/35/CEE de 26 de mayo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas, sobre el cual ya informamos en nuestro anterior boletín nº 7 bajo el titular ”Un paso más en el reconocimiento del derecho a participar y a la justicia.

Comienza la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación del ruido ambiental, estableciendo en su artículo 1 que su objeto es establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido. Más adelante, la directiva define las molestias como “el grado de molestia que provoca el ruido a la población, determinado mediante encuestas sobre el terreno.”

Para cumplir con su objetivo, la Directiva establece un procedimiento a seguir en tres fases en el que la información y la participación son piezas fundamentales.

Así en la primera fase de conocimiento de la exposición de la población al ruido (mapas de ruidos) se evaluarán sus efectos nocivos sobre la población estableciendo la relación entre las molestias y las alteraciones de sueño y los valores establecidos como indicadores de ruido (anexo III) No vemos que se pueda hacer esta evaluación como no sea preguntando a los que padecen el ruido.

En la segunda fase dedicada a informar a la población sobre su nivel de exposición al ruido y sus efectos los Estados deberán garantizar que dichos mapas de ruido se pongan a disposición de la población de forma clara e inteligible.

En la tercera y última fase en la que se actuará en consecuencia (a la vista del resultado de los dos pasos anteriores) mediante la elaboración de los correspondientes planes de acción con el fin de reducir el ruido donde sea necesario, tomar medidas para prevenir el aumento del ruido o bien mantener la calidad acústica cuando esta sea aceptable, la participación ciudadana está claramente definida y asegurada pues los Estados miembros garantizarán:

  • que se consulte a la población sobre las propuestas de planes de acción que se pretendan aprobar,
  • que la población tenga posibilidades “reales y efectivas de participación”
  • que el resultado de la participación, es decir la opinión ciudadana, sea tenida en cuenta
  • que se informe a la población sobre la decisión adoptada

A nuestro entender, y tras la aprobación de la Directiva 2003/35/CEE de 26 de mayo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas, la resolución de la autoridad por la que se adopte el plan de acción deberá ser motivada y expresar las consideraciones tomadas en cuenta, y el grado de participación alcanzado.

Para empezar confunde literalmente en su Exposición de motivos III los fines de la Directiva con los instrumentos para alcanzar dichos fines:

  • omite de sus fines cualquier alusión a la molestias, por lo que solo se aplicará la ley a la contaminación acústica que afecte a la salud, a los bienes o significativamente al medio ambiente; Es decir es como admitir, que ya tenemos bastante con evitar los daños graves a la salud o al medio ambiente, como para pararnos a valorar si el ruido nos molesta o dificulta nuestra vida;
  • prescinde totalmente de la participación ciudadana a la hora de aprobarse un plan de acción pues solo reconoce a la población el derecho a conocer dicho plan;
  • no toma en cuenta en modo alguno la opinión de la población a la hora de establecer los métodos de evaluación de las molestias, por la sencilla razón de que evitar las molestias no son su ámbito de aplicación ni su objetivo;
  • tampoco se consultará a la población a la hora de fijar la calidad acústica en que queremos o vamos a vivir, a la hora de establecer exenciones al cumplimiento de los valores límites de ruido a soportar que se fijen, o de suspender temporalmente la vigencia de dichos valores por razones de oportunidad que solo el gobierno entrará a valorar.
  • En ningún momento se plantea la necesidad de preservar la calidad acústica allí donde esta alcance niveles satisfactorios, tal como indica la Directiva en su artículo 1, limitándose a “facultar” (en vez de “obligar”) a la Comunidades Autónomas para delimitar como Reservas de sonido de origen natural determinadas zonas en las que la contaminación acústica producida por la actividad humana no perturbe dichos sonidos o a establecer planes de conservación de las condiciones acústicas de tales zonas o adoptarse medidas dirigidas a posibilitar la percepción de aquellos sonidos.

La  participación queda pues reducida a que cuando se haya de realizar un mapa de ruido en asuntos especialmente graves (cuando afecten a grandes ejes viarios , grandes aeropuertos o grandes aglomeraciones o se refieran a zonas donde no se cumplan los objetivos de calidad acústica establecidos) el plan sea sometido a información pública por espacio mínimo de un mes.

*Artículo publicado en boletín ACIMA INFORMA  nº 8

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