La Directiva 2003/35/CEE de 26 de mayo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas concreta algo mas el derecho a la participación e inicia el desarrollo del derecho de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Como desarrollo y en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Convenio de Aarhus (junio de 1998) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ésta Directiva asume el cometido de definir el marco y ámbito del ejercicio del derecho a la participación (el acceso a la información ya se desarrolló recientemente en la Directiva 2003/4/CE del 28 de enero) con el fin de fomentar la participación del público y, de paso, su educación ambiental.

La concreción del derecho a la participación está asociada y es dependiente del derecho a la información, por lo que ésta nueva regulación al tiempo que determina en qué planes, proyectos y programas tiene el público derecho a participar, amplía de nuevo el ámbito de las obligaciones respecto a qué, cómo y cuando se ha de ofrecer la información ambiental al público. Y no sólo los Estados estan obligados a informar sino que ademas, tendrán la obligación de facilitar al público la preparación necesria para poder participar.

Quedan excluidos del ámbito de la Directiva los planes, proyectos y programas que sean elaborados por los respectivos parlamentos, por considerar que en el debate parlamentario ya se ha producido la participación ciudadana a través de sus representantes. Esperemos que en una segunda reedición o desarrollo de este derecho, se reconozca también a los ciudadanos y organizaciones sociales (Consejos Asesores varios, asociaciones ecologistas, empresariales, sindicatos, etc.) el derecho a participar o la obligación al menos de ser consultados por los parlamentarios.

Como principio general, la Directiva establece que los Estados miembros garantizarán que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación, modificación o revisión de determinados planes o programas. Y cuando nos referimos al público, estamos hablando tanto de personas físicas como jurídicas, grupos, asociaciones, colectivos, etc., si bien cada Estado podrá determinar qué público tiene derecho a participar en función del plan de que se trate.

Para posibilitar dicha partición, deberán informar al público (si se dispone de medios electrónicos se utilizará esa vía) sobre cualesquiera propuestas de planes o programas en el momento en que se inicien, (no cuando ya están aprobados) haciendo mención expresa al derecho a participar y la autoridad ante la que podrá presentar sus opiniones.

Las decisiones que se adopten sobre dichos planes o proyectos deberán tomar en cuenta las opiniones del público que haya intervenido y serán dadas a conocer de nuevo al público en general con indicación de cual ha sido el “proceso de participación “. (Esta última expresión la consideramos algo confusa y corta pues, salvo que la ley estatal lo desarrolle mejor, podría bastar con decirse cual ha sido el tramite procedimental de la participación si hacer alusión alguna a cual ha sido la opinión ciudadana que es lo que en definitiva importa.) En todo caso las resoluciones de las autoridades por las que se adopten planes y programas deberán ser motivadas y expresarán las consideraciones tomadas en cuenta.

Los planes y proyectos a los que hace referencia la Directiva son los relacionados con:

  • Planes sobre gestión de residuos en general y residuos peligrosos, pilas, acumuladores, y aquellos que contengan materias peligrosas
  • Programas de acción para paliar el riesgo de contaminación de las aguas por nitratos procedentes de la agricultura.
  • Planes de gestión de envases y sus residuos
  • Planes para preservar la calidad del aire ambiente

La Directiva reforma también los procesos de participación del público a la hora realizarse una evaluación de impacto ambiental o de otorgarse una autorización ambiental integrada, trámites ambos previos a la realización de cualquier proyecto, actividad o empresa con riesgo de afectar al medio ambiente, con el fin de lograr que dicha participación sea desde el inicio, real y efectiva.

*Publicado en el boletín ACIMA INFORMA Nº 7 el 03/08/2003

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Vea nuestra Política de Privacidad.

Al utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de las cookies.