Es frecuente escuchar, ante una evidencia de un desastre, riesgo o daño de carácter medioambiental, que lo que hace falta son leyes que castiguen a los responsables del daño o generación de peligro ambiental, o leyes que prevengan dicho daño. Craso error. Existen muchas, demasiadas, leyes que tratan de prevenir el riesgo o daño ambiental y que sancionan las conductas que incumplen dichas normas, pero no se aplican, al menos con la eficacia que se pretendió con su aprobación. Por eso, cuando intervengo en público, suelo terminar en esta frase:

"Antes, los revolucionarios,  lo que pretendían  era cambiar las leyes, el sistema. Ahora los revolucionarios y  antisistemas somos los que pretendemos que las leyes se cumplan y que el sistema funcione".

Toda actividad potencialmente contaminante está sometida a unos mecanismos de prevención (licencias y autorizaciones ambientales  ) amén de un proceso de evaluación ambiental en el que se deben establecer las medidas de prevención y correccion necesarias para evitar, prevenir y/o corregir en lo posible el daño ambiental.  Además, su autorización suele estar sometida a un trámite de información pública en que cualquier persona (incluidas las ONGs) pueden alegar y alertar   al órgano que ha de dar la autorización o licencia sobre los posibles efectos adversos.

¿Que es lo que falla, pues?

Para empezar, el estudio de los posibles efectos adversos sobre el medio ambiente lo hace el propio promotor del proyecto, que obviamente, tratará de silenciar o restar relevancia al posible daño.   Auqnue sea la administración la que tiene la última palabra y puede exigir al promotor que mejore o complete su estudio, lo cierto es que no siempre está acertada o capacitada para ello,  ya sea porque el promotor no le facilita la información necesaria, ya sea porque la misma administración carece de informacion sobre el medio sobre el que se va a operar ( incumpliendo así, en nocasiones, su deber disponer de la información suficiente para el desempeño de su función, que exige el Convenio de Aarhus sobre el  acceso a la información, a la participación del público en la toma de decisiones  y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente). Un ejemplo de ello ha sido el reciente caso de la autorización del proyecto Castor y su suspensión por la actividad sísmica que desencadenó en la costa de Castellón, debiendo pagar entre todos el coste de la indemnización por la suspensión .

Los trámites de información pública tampoco sirven - tal y como están concebidos - para alertar sobre posibles efectos negativos, pues se conciben como un mero trámite legal, que en todo caso solo sirve para entorpecer  y retrasar el procedimiento. Por eso, la Adminsitración no hace nada para estimular, favorecer y preparar al público para que pueda alegar y participar de forma eficaz en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente.

Y es que para poder alegar hace falta conocer la materia, normalmente técnica y compleja, disponer de tiempo, de asesores debídamente preparados y todo ello a costa del bolsillo que pretenda alegar,  (y en eso incluyo a las ONGS de defensa ambiental, que no disponen de medios tampoco para ello) cuando se supone que es una actuacion para preservar lo que es de todos, el medio ambiente y la calidad de vida de nuestra generación y las futuras. 

A mayores, cuando ese "público generoso y desinteresado", ha conseguido formular alegaciones  a base de buscárselas como ha podido, acudiendo a amigos y conocidos, a Internet y renunciando a horas de trabajo u ocio, resulta que sus alegaciones no se toman en cuenta, no merecen una adcuada respuesta del órgano decisiorio, en la que se explique porqué no se han tenido en cuenta y porqué la solución adoptada, frecuentemente distinta a la alegada por el público, es mejor.

Así pues, ya tenemos, falta de rigor en los estudios de impacto ambiental, falta de la información necesaria sobre el medio, falta de medios para que el publico pueda alegar y participar, falta de justifiación de la solución adoptada, .... seguimos.

¿Que pasa tras la  autorización de la actividad con sus condicionado de medidas preventivas y correctoras  mas o menos acertadas ? El promotor procede a la construcción e inicio de la actividad autorizada ¿pero quien se ocupa de vigilar y verificar que funciona conforme a lo autorizado? La respuesta suele ser NADIE. Solo cuando  la afección o daño ambiental se hace  manifiesta a la Administración por una denuncia de particulares o de los Servicios de Protección de la Naturaleza o Agentes ambientales, se lleva a cabo dicho control.

 Ahí está el segundo fallo, la falta de un sistema de inspecciones rutinarias adecuada;  y  no es que sea por falta de normas, como vengo diciendo, sino por falta de voluntad política en destinar medios personales y económicos a dicha función.

Finalmente, en el supuesto de que se abra un procedimiento sancionador, en vía administrativa o judicial; que termine en resolución sancionadora o sentencia de condena; y en la que, si hay suerte, se hayan adoptado medidas cautelares de paralización o prevención del daño. ¿Quien se ocupa de que se lleve a cabo si el propio infractor no lo hace (algo bastante frecuente pues a esas alturas se habrá declarado insolvente o en concurso de acreedores)? NADIE .

Y es que el coste de reparar el daño e indemnizar a los afectados de buena fe, cuando los hay, lo hemos de pagar entre todos, es impopular y   nunca se toma en cuenta cuando se autorizan tan alegremente actividades  con riesgo de afección al medio ambiente, aunque  la ley contemple la exitencia seguros de resposabilidad civil.

A pesar de todo, he de decir, que en los 20 años que llevo trabajando en la protección del medio ambiente, he visto que los estudios de impacto ambiental han mejorado, que la ley incluso se ha cambiado para exigir garantías de calidad (en ocasiones, incluso la responsabilidad de su autor) pero aún falta muchísimo para ejecutar y cumplir con las leyes que nos hemos dado. Y no es un problema solo de España. La Comision europea tambien informa del incumplimiento generalizado de la legislación ambiental. Habrá que estudiar porqué sucede, o adoptar un pacto a nivel de Carta Magna europea y nacional entre la sociedad y los poderes públicos, en vez de seguir aprobando leyes para la aplicacion de las leyes, que al parecer es la solución propuesta.

 

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